En los últimos meses se ha venido debatiendo alrededor de la reforma constitucional aprobada por el congreso el pasado 17 de junio del año 2021, la cual tiene que ver con la conformación de la "región Metropolitana de Bogotá-Cundinamarca" básicamente se ha venido cuestionando el papel que cumplirían los municipios del departamento en esa nueva dinámica de ordenamiento territorial, comercial y política, poniendo de presente la supremacía que ejerce la capital de la república sobre los demás centros poblados en la nueva fase de expansión de sus áreas de urbanización y proyectos de infraestructura.
De acuerdo con la promotora del proyecto, la representante por el partido verde Juanita Goebertus: "Los municipios que quieran hacer parte de este proceso lo hacen de forma voluntaria". Nada más alejado de la realidad, ya que esta nueva fase de expansión de la ciudad, hace parte de los intereses económicos del capital financiero internacional y las multinacionales que a lo largo de los años han venido modificando el territorio y apropiándoselo para sus intereses. Basta recordar esos propósitos imperialistas que en Colombia se puede develar con base en las propuestas emanadas de la segunda Misión de Currie, proyectos que transformaron territorios como el del perímetro de Bogotá, que en la década de los cincuenta, subsume los municipios de Usme, Fontibón, Bosa, Suba y Usaquén, dentro de la perspectiva de la dotación de alimentos y recursos naturales para el desarrollo industrial.
Con esta nueva modalidad se busca cambiar la vocación y el uso del suelo en gran parte del departamento para poner estas tierras servicio de capitales extranjeros en alianza con empresarios nacionales; para ello durante hace algunos años se ha venido cambiando el uso del suelo por la vía de la modificación de los POT en los municipios de la sabana de Bogotá, estas transformaciones han estado mediadas por escándalos de corrupción que han salpicado alcaldes, concejales, representantes a la cámara, gobernadores del departamento y expresidentes como el caso de los hijos de Álvaro Uribe, con la construcción de la Zona Franca de Occidente, quienes no han perdido la oportunidad de sacar tajada del festín del volteo de tierras.
En efecto, en las nuevas dinámicas de expansión del capital se busca subsumir territorios para la infraestructura extractiva y agroexportadora, en esa dinámica el departamento de Cundinamarca entra en una lógica de modelo de ciudad global. Una ciudad que no produce, que consume y absorbe aire, agua y alimentos y que desecha basura y personas que no le son productivas, un modelo de ciudad y de país que importa productos alimentarios que se pueden producir en el territorio nacional y en el departamento. Como el caso de la papa, el trigo la leche o el maíz, que en la actualidad son importaciones que ascienden a unos 13 millones de toneladas de alimentos, entre ellas el 85% del maíz que se consume en el país.
Por tanto, una vez más queda en evidencia el “Estado entreguista” que busca favorecer intereses de multinacionales, del sistema financiero y algunos "cacaos" nacionales que financian gran parte de los gobernantes locales y nacionales, se demuestra el desprecio por procesos de protección y permanencia en el territorio, así como la defensa de la producción campesina que ha venido quedando a merced del mercado mundial con aperturas económicas, tratados de libre comercio y desprotección del campesinado, en ese sentido, una vez más es necesario que las organizaciones sociales en su conjunto reivindiquen las banderas de la defensa y la permanencia en el territorio y la lucha por la soberanía alimentaria.
